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México, D.F., a 30 de julio de 2015
REFRENDA MANUEL GRANADOS COMPROMISO DEL GDF CON LA EQUIDAD DE GÉNERO
• Participa en la Presentación de la Medalla Conmemorativa Equidad de Género que acuñó la UNAM para reconocer a las mujeres que en foros internacionales y nacionales han pugnado por sus derechos fundamentales y el respeto a su dignidad
• En entrevista, señala que con las mesas de trabajo donde vecinos manifiestan sus puntos de vista sobre el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, se ha dado el primer paso para generar un Programa General de Desarrollo Urbano con perspectiva ciudadana
Durante la Presentación de la Medalla Conmemorativa Equidad de Género, agregó que el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa se ha caracterizado por impulsar políticas públicas con perspectiva de equidad de género, en su propósito de seguir vigorizando una metrópoli de avanzada.
Ante la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Leoba Castañeda Rivas, el funcionario capitalino hizo un recuento histórico de las conquistas jurídicas y políticas del rubro que actualmente representa más del 50 por ciento de la población nacional y reconoció el esfuerzo permanente de las autoridades universitarias por dejar un testimonio tangible de las mujeres.
“La medalla expresa un reconocimiento a todas las mujeres de México que en el pasado y en el presente han pugnado en todos los foros internacionales y nacionales por sus derechos fundamentales y, sobre todo, por el respeto a su dignidad”, enfatizó en el acto al que acudió la magistrada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa.
“La acuñación de la presea tiene como propósito fundamental promover el respeto a los derechos de las mujeres y, a la vez, dejar un testimonio de alto valor intrínseco que muestre a las generaciones actuales y futuras los esfuerzos emprendidos por la Universidad para hacer realidad el principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres”, ahondó.
En el ´Aula Magna Jacinto Pallares´ de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, el titular de la CEJUR indicó que esta institución académica se ha distinguido a lo largo de más de 450 años por estar a la vanguardia en los procesos de investigación, divulgación y enseñanza del conocimiento jurídico.
Asimismo, “por liderar los principales avances en materia legislativa a través de las aportaciones teóricas, tanto de catedráticos como de egresados que ocupan o han desempeñado algún cargo en los poderes del Estado Mexicano”.
En entrevista posterior con representantes de los medios de comunicación, Manuel Granados Covarrubias señaló que a través de la instalación de las mesas de trabajo con vecinos que han manifestado sus puntos de vista sobre el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, se ha dado el primer paso para generar un Programa General de Desarrollo Urbano con perspectiva ciudadana.
“Tenemos realidades que no podemos dejar de observar, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Urbano tiene más de 40 años, son esquemas que hay que revisar; el Programa General de Desarrollo también debe generar condiciones distintas, adecuarlas a la realidad de nuestra capital y al tema del desarrollo ordenado con una gran visión ambiental”, refirió.
El Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, mencionó que tras la reunión de ayer con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, las sesiones continuarán conforme a lo que se tiene programado porque es fundamental escuchar y valorar todas las inquietudes en torno al tema referido.
“Los vecinos han planteado una mayor participación en la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano; se han pronunciado por la derogación del artículo 41 y porque haya también una participación muy clara en el Consejo de Desarrollo Urbano para que exista equidad en la participación y tenga un peso específico la opinión ciudadana”, dijo, tras responder cuáles fueron los principales temas del encuentro de este miércoles.
Al referirse a la eventual derogación del artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano –planteada por algunos representantes de las organizaciones reunidas– señaló que ésta se analiza para identificar las consecuencias jurídicas de una abrogación, así como para determinar el papel que tendrían las autoridades que intervendrían en este proceso.
“Para que no haya cabos sueltos y después vaya a ser un esquema perjudicial”, subrayó.
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